JORNADA DE VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PATRIMONIAL DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

El pasado martes 8 de noviembre, tuvo lugar la Jornada de Valoración Socioeconómica y Patrimonial del Trasvase Tajo-Segura en el Centro Logístico de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del Río Segura. El acto contó con la presencia de Ana Serrano, diputada del Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante; Lucas Jiménez, presidente del SCRATS; José Antonio Andújar, vicepresidente de FECOREVA; Alberto Del Villar, profesor de Economía y Dirección de empresas de la Universidad de Alcalá; y Andrés Molina, director del Instituto de Agua y Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante.

En primer lugar, Ana Serrano quiso destacar: «Estas jornadas son muy importantes para que se nos escuche. Son muchos los recortes que venimos sufriendo, concretamente 20. Estamos cansados y hartos, nuestra huerta se muere de sed. El problema del déficit hídrico es un problema transversal que afecta a la agricultura, a la industria agroalimentaria, al turismo e incluso al consumidor final, y eso es algo que toda la sociedad alicantina debemos tener muy claro».

Después, Lucas Jiménez señaló: «Asistimos a una politización absoluta en torno al Trasvase Tajo-Segura. Se está jugando con el futuro del Trasvase, que es lo mismo que decir que se está jugando con el futuro de todos y cada uno de ustedes, por motivos meramente políticos. No hay una necesidad técnica de recortar el Trasvase».

Tras ellos, el vicepresidente de FECOREVA José Antonio Andújar apuntó: «Simplemente es hacer visible la problemática de los recortes del Trasvase aquí, en medio del campo. Esta inversión que hay aquí no se ha hecho gratis. Esto es para atender a 450 familias que viven de 4.300 hectáreas. No somos una multinacional, somos una comunidad de regantes que nació en el año 23 del siglo pasado y que estamos padeciendo este problema, el cual tiene caras y familias que sufren sus consecuencias».

A continuación, Alberto Del Villar explicó: «Los estudios que hemos realizado señalan que el impacto de lo que son las actividades de regadío sobre el conjunto de la economía viene a ser de unos 3.600 millones de euros anuales aproximadamente, además de una serie de efectos que no se contemplan desde aspectos financieros. El balance que tenemos es positivo: en el conjunto del regadío la contaminación vendría a costar unos 175 millones de euros anuales, pero su contribución a la retención de gases de efecto invernadero vendría a ser de unos 475-500 millones de euros».

Por último, Andrés Molina quiso declarar: «En mi opinión, el proceso de planificación hidrológica ha fracasado. No ha habido participación pública. Se presentaron numerosas alegaciones por parte de las instituciones públicas alicantinas y por las comunidades de regantes que no fueron prácticamente contestadas. No se ha realizado una concertación con el sector tratando de alcanzar un acuerdo, por tanto los caudales ecológicos se están fijando de manera unilateral en contra de lo que establece la legislación vigente. Además, algo muy importante es que no se ha tenido en cuenta el impacto del caudal ecológico en los derechos que recoge la legislación del Trasvase Tajo-Segura a favor de los usuarios en la provincia de Alicante».

Así, queda claro que toda la problemática generada alrededor del Trasvase Tajo-Segura está afectando a todos, siendo los agricultores, regantes y todas sus familias unos de los principales damnificados en esta complicada e insostenible coyuntura.